La aprobación de este modelo de control constituirá un cambio organizativo sin precedentes en el Consistorio y tendrá especial incidencia en el área de la Intervención Municipal. Sus principales objetivos, entre otros, son incrementar la agilidad en la gestión; la incorporación de la innovación en técnicas de control interno; y la priorización del control en las áreas de riesgo.
Con este nuevo régimen, la fiscalización e intervención previa se limitará a determinados requisitos básicos, graduando con ello la intensidad de la fiscalización al comprobar solamente algunos aspectos concretos de los expedientes de gasto, debidamente tasados, con el objeto de garantizar la objetividad, la transparencia y ola igualdad de trato en las actuaciones públicas.
El establecimiento de este régimen especial permitirá reducir el actual plazo de la fiscalización, lo que supondrá una mejora cualitativa de los expedientes administrativos y una mayor agilidad en la tramitación de los mismos.
A medida que se vaya consolidando su implantación, este régimen se hará extensible, en fases sucesivas, al resto de áreas de gasto que, hasta entonces, se mantendrán en el régimen general de fiscalización plena. Entre ellas, por ejemplo, las áreas de Personal, Responsabilidad Patrimonial, Urbanismo, Expropiaciones o Ingresos.
El equipo de Gobierno aprueba por unanimidad en el Pleno ordinario del mes de febrero la implantación de la fiscalización previa limitada en la concesión de subvenciones y contratación municipal.
Se trata de un compromiso adoptado por el Gobierno Municipal en el pasado Debate Sobre el Estado del Municipio, que responde a la reducción de los trámites y la agilización de la tramitación dentro de la propia administración, a través de la revisión de los procedimientos de control interno.
La fiscalización previa limitada se desarrollará en fases sucesivas e incluirá el desarrollo completo de un sistema de control financiero, en sus modalidades de control permanente y auditoría pública, conformando un modelo de control integral basado en un análisis de los riesgos que tenga en cuenta los objetivos perseguidos y las prioridades establecidas por el Ayuntamiento.