El Ayuntamiento reafirma su compromiso y garantiza la limpieza y la prohibición de acceso para vehículos de gran tamaño en el aparcamiento gratuito de la avenida Portugal. “Resulta sorprendente el interés repentino del PSOE local para que este aparcamiento sea de pago”, señaló el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, quien añadió que “cabe recordar que el propio consejero del Principado, compañero de partido del concejal Tino Vaquero, afirmó hace ya un año que no había problema en que fuera gratuito y respaldó que debe ser el Consistorio gijonés el que decida su modelo de gestión”.
Además, incidió Barcia, “más allá de cualquier debate político, resulta injustificable implantar un aparcamiento de pago en una zona rodeada de estacionamientos gratuitos y sin conexión directa con una estación intermodal”. De hecho, recordó el concejal, que este proyecto tenía como finalidad dar servicio a la futura estación de autobuses y de tren, “dos infraestructuras aún pendientes de ejecución por parte del Principado y de ADIF, por lo que mantener su gratuidad hasta que estén operativas es plenamente coherente”. Y recalcó que “mantenemos nuestro compromiso con los vecinos: el aparcamiento será gratuito, se garantizará su limpieza y mantenimiento, y se controlará el acceso de vehículos de gran tamaño mediante gálibos”.
Por otra parte, Barcia señaló que no hay riesgo de pérdida de fondos europeos o responsabilidades por el incumplimiento de objetivos. “La Orden Ministerial TMA/892/2021, que cita el PSOE no resulta aplicable al caso de este aparcamiento, que se financia a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Componente 1 ‘Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos’, gestionado por las comunidades autónomas. Estos fondos se asignaron en 2022 proporcionalmente a la población, y no en función de la valoración del detalle de los proyectos”, aclara el concejal.
En el caso de Gijón, el Principado incluyó dos actuaciones específicas: el ‘Aparcamiento disuasorio en la ciudad de Gijón’, que corresponde al actual de la Avenida de Portugal, y el ‘Fomento de la intermodalidad: Intercambiador urbano en la ciudad de Gijón’, un proyecto que no se llegó a ejecutar por el rechazo ciudadano que generó. Esto demuestra, concluye Barcia, “que los fondos europeos gestionados desde las Comunidades Autónomas son finalistas en materia de movilidad, pero no con condiciones detalladas que lleven, como en este caso, a condicionar el sistema de gestión del aparcamiento. Además, más allá de estos fondos, no existe ninguna norma que obligue a que los aparcamientos disuasorios sean de pago o tengan rotación determinada. La única condición técnica es su cercanía a otros modos de transporte, como el urbano o el interurbano”.
Pelayo Barcia: “Más allá de cualquier debate político, resulta injustificable implantar un aparcamiento de pago en una zona rodeada de estacionamientos gratuitos y sin conexión directa con una estación intermodal”